Cristina Fernández de Kirchner

Los jueces se han convertido en nuestros Estados de Derecho en garantes del orden constitucional, como expresión más elevada de la pirámide kelseniana y como ...

En mi opinión, la importancia del fallo en comento reside en la descripción que se hace por parte de los jueces de un sistema u organización que existe y funciona a pesar de no existir pruebas incriminatorias desde el derecho penal. Y, por otra parte, si los términos de la argumentación de la defensa se dieran en este amplio contexto de lawfare, con independencia de las resultancias del juicio penal la pregunta fundamental a plantear seria: ¿Qué quedaría finalmente en pie y/o cuanto daño puede sufrir el Estado de Derecho en Argentina? La operación “Lava Jato”, donde la justicia brasileña recién actuó a solicitud de la justicia norteamericana en relación con actos de corrupción que se realizaban en el país y el extranjero desde hacía décadas, ha dejado algunas enseñanzas que sirven para la prevención futura de “politización de la justicia”. En ese sentido, el fallo identifica: a) conductas sistemáticas desviadas en cuanto al manejo de la cuestión publica que podrían indicar una estructura corrupta compuesta por funcionaros públicos (y privados) en relación al rubro “obras publicas”; b) el enriquecimiento ilícito de privados; c) el perjuicio de terceros (corrupción privada); d) el perjuicio de toda la comunidad (omisión de contralor de las adjudicaciones y de la supervisión del avance de las obras, etc); e) el perjuicio a la credibilidad en las instituciones y el Estado de Derecho; f) la mala gobernanza (entre otros, adelantos financieros permanentes o a través de pagos anticipados de certificados de obra, etc.); entre otros elementos. Este fallo de primera instancia corrobora el peligro identificado en trabajos teóricos, lo que debería intensificar las alertas regionales con relación a un problema que no es exclusivo de la Argentina y que debe ser prevenido con nuevas políticas a nivel internacional que aborden el problema en su debida dimensión estructural. En estos casos, los jueces pueden responder en el futuro no a los intereses de los ciudadanos (que no los han elegido) sino a los intereses del poder de turno. [[2]](#_ftn2) En años posteriores los integrantes de la Corte volvieron a 5 y con designación vitalicia por el Poder Ejecutivo y mayoría en el Senado. En los hechos, si esta condena se mantuviera una vez zanjadas las discusiones estrictamente dogmáticas sobre el delito imputado y luego de todas las instancias legales posibles, estaríamos frente a una decisión judicial que por la pena accesoria de un delito de administración fraudulenta (agravada) podría poner fin a la carrera política de CFK, dejando muchas cuestiones abiertas en el ámbito jurídico y político. En realidad, lo que se debe evitar sería una situación en la que se construyan acuerdos corruptos del tipo: yo hoy tengo el poder de nombrarte a ti y tu mañana velaras por mí. El fallo se concentra en los aspectos que definen la corrupción pública en cuanto al daño en perjuicio de “los intereses confiados “ que “obligaron abusivamente al Estado Nacional”. El fallo se refiere a un auténtico “plan criminal” de CFK al frente del gobierno para incidir en el funcionamiento de la estructura criminal que funcionaba corrompiendo decisiones que debían ser tomadas según los principios de igualdad y trasparencia. La imputación penal del artículo 173, inciso 7 (en función del artículo 174 inciso 5) del Código Penal (delito de administración fraudulenta agravada, por haber sido cometida contra la administración pública) con una pena de 6 años y con pena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es apenas la punta del iceberg, la pequeña contribución que el derecho penal puede hacer para conocer la verdad y el contexto de problemas tan complejos y graves como la gran corrupción.